Defensa de Báez Figueroa arremete contra Hipólito Mejía

Las diferencias surgieron por la querella interpuesta en contra de Pedro Julio Goico Guerrero, el 2 de septiembre del 2002.

SANTO DOMINGO.- Abogados de los acusados en el caso Baninter iniciaron este martes la presentación de sus conclusiones y explicaron las razones que su juicio provocaron la quiebra del desaparecido Banco. Durante la misma admitieron algunos delitos y se desvincularon de otros.

La barra de la defensa de Ramón Báez Figueroa enfatizó que los problemas en el Baninter surgieron luego de una discusión en la que el ex primer mandatario, Hipólito Mejía amenazará a Báez Figueroa de cerrarle el Banco.

Las diferencias surgieron por la querella interpuesta en contra de Pedro Julio Goico Guerrero, el 2 de septiembre del 2002, por falta de pago de una tarjeta presidencial que había consumido más de 200 millones de pesos, según Vinicio Castillo Semán.

Juárez Castillo indicó que el Banco Central admitió que el Baninter tenía más de 80 mil millones de pesos en activos antes del intento de fusión con el Progreso, pero que esta cantidad fue reducida a 41 mil millones, por orden de las mismas autoridades para destruir el Banco.

Denunciaron que la anterior autoridad monetaria intervino el Baninter, porque estaban interesados en los bienes y medios de comunicación del Grupo que controlaba, según Castillo Semán, el 50 por ciento de la prensa escrita y el 45 por ciento de la televisada, para ser utilizados en la reelección presidencial.

Castillo explicó que luego del conflicto vino una ola de rumores que provocaron una fuga de capitales, lo que obligó al Baninter a tomar medidas de salvamento. Posteriormente se produjo el intento de fusión con el Banco del Progreso en el 2003, el cual fue boicoteado por la anterior autoridad monetaria, según el abogado.

Mientras que, Francisco Álvarez, abogado del Banco Central, denunció que la defensa de los acusados pretende desviarse de la acusación.

Representantes de Báez Figueroa también admitieron que el imputado violó la Ley Monetaria y Financiera, pero se desvincularon del cargo de lavado.

Durante la audiencia presentaron testimonios de diversos testigos con los que negaron las acusaciones de operaciones ocultas, doble contabilidad, doble sistema de cómputos, y operaciones fuera de libros.