Bengoa admite uso nómina para pagar a los peledeístas

Por: Esteban Delgado y Abel Guzmán Then

SANTO DOMINGO.- A pocas horas de que el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, admitiera que las contrataciones de dirigentes peledeístas que reciben pagos mensuales de parte de diferentes entidades del Estado es un programa que se inició desde principios del Gobierno, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) informó que someterá ante la Junta Central Electoral (JCE) presuntas pruebas sobre la existencia de la nómina “CB”.

Bengoa sostuvo que el programa se intensificó desde finales del año pasado por la necesidad de contratar gente para trabajar en la recuperación de los daños ocasionados por las tormentas Olga y Noel.

Dijo que no se trata de un programa reeleccionista, y que una muestra clara de ello es que las personas contratadas son peledeistas, que votarán por Leonel Fernández de cualquier forma, no por la asignación de un empleo temporal. Bengoa explicó que si se tratara de un programa político y no de carácter social, entonces se hubiera contratado a ciudadanos que no son del PLD, a fin de que se adhieran a la causa del partido oficial, lo cual no es así.

Explicó que ni la Secretaría de Hacienda, ni las instituciones de libramiento de recursos, como la Tesorería Nacional y Dirección General de Presupuesto, tienen nada que ver con eso, porque sólo se encargan de hacer las asignaciones correspondientes a cada institución, de acuerdo con lo que establece la Ley de Presupuesto de este año.

Agregó que cada institución maneja su nómina como considere, y aclaró que la mayoría de las entidades que desarrollan ese programa de contratación de personal temporero son autónomas y descentralizadas. “Ese programa está vigente desde inicios del Gobierno, algunas veces sube la cantidad de contratados y otras veces baja, de acuerdo con las necesidades. Esta vez se ha ocasionado un escándalo, porque estamos cerca de las elecciones y todo lo quieren politizar”, dijo que secretario de Hacienda.

Este martes la Cámara de Diputados fue apoderada de dos proyectos de resolución que buscan interpelar al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista, por la emisión de US$130 millones a través de la Sun Land; así como al secretario Administrativo de la Presidencial, Luis Manuel Binetti, y el tesorero Nacional, Guaroa Guzmán, por la nómina.

Denuncia del PRD
El PRD anunció que llevarán las pruebas del uso abusivo de los recursos del Estado en la campaña ante entidades internacionales como Centro Carter, Internacional Socialista, y embajadas “de naciones empeñadas en la limpieza de los procesos electorales en todo el mundo”. Asimismo, informaron que en adición a las pruebas que llevaron el pasado 28 de febrero, depositarán ante la JCE el reportaje fílmico realizado por la periodista Nuria Piera en el que salió a relucir que varias instituciones públicas tienen una nómina oculta para pagar a los dirigentes medios del PLD.

El presidente del PRD, Ramón Alburquerque, dijo que instruyeron al departamento legal del partido para que proceder “hasta las últimas consecuencias” entorno a este tema.

“La inversión de RD$5 mil millones anuales alcanzarían para elevar los sueldos de los maestros en RD$4 mil mensuales por tanda, o para aumentar los salarios a los médicos conforme a su demanda de RD$58 mil mensuales, o para construir 15 mil viviendas de interés social dotadas todas, de las comodidades necesarias como merece las familia dominicanas”, afirmó. En tanto, en secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, mostró coletillas de cheques emitidos por la Tesorería Nacional a nombre de dirigentes del PLD en diversos pueblos del país, y descartó la justificación de funcionarios del gobierno de que la nómina fue creada para personas que trabajaron en las labores de rescate y reconstrucción luego de las tormentas Noel y Olga a finales del año pasado.

El candidato del PRD, Miguel Vargas, llamó ayer a las organizaciones de la sociedad a pronunciarse en rechazo a los recurrentes escándalos de corrupción que se ha destapado en el actual gobierno, al entender que se han violado las leyes.