Reglamento JCE prohíbe encuestas boca de urnas

POR JOSE ANTONIO TORRES

El proyecto de reglamento de campaña electoral presentado por la Junta Central Electoral (JCE) a los partidos políticos prohíbe la divulgación de los resultados de encuestas a boca de urnas, antes de que el tribunal ofrezca los boletines provisionales.

La medida está contenida en el artículo 62 del nuevo reglamento que consta de 31 considerandos y 73 artículos, y fue enviado ayer a los partidos políticos para que en un plazo de 25 días hagan sus sugerencias y propuestas.

Ese mismo artículo advierte a las entidades que hacen encuestas hacerla fuera de los recintos donde operen los colegios electorales.

En tanto el artículo 64 señala que los medios de comunicación que se aventuren a publicar encuestas violando las disposiciones del reglamento estarán obligados a publicar en un plazo de tres días las rectificaciones requeridas por la JCE, haciendo constar los motivos de la rectificación.

En el artículo 60, el reglamento consigna como requisitos para la publicación de resultados de encuestas electorales, precisar el domicilio de la entidad o personas físicas que la realizó o la encargó.

Además el texto íntegro de las preguntas y cuestiones planteadas y la cantidad de personas que no contestaron a cada una de las interrogantes.

También las características técnicas del sondeo, método, muestra, margen de error, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y la fecha en que se hizo el trabajo de campo.

Las sanciones para cualquiera de las violaciones del reglamento serán de conformidad con lo que establece la Ley Electoral, y la responsabilidad de su aplicación corresponde al Pleno de la JCE.

A este organismo corresponderá la promoción de los acuerdos institucionales entre los partidos políticos, medio de comunicación y entidades públicas y privadas.

En tanto la Cámara Administrativa será el órgano competente para la aplicación de las medidas administrativas tendentes a la aplicación del reglamento que regirá la campaña electoral, los actos de propaganda y el uso de los medios de comunicación.

Sin embargo, cuando las violaciones sean cometidas por un funcionario público, corresponderá a los tribunales ordinarios dictar las sanciones penales correspondientes.

El proyecto está firmado por los magistrados Julio César Castaños Guzmán, Roberto Rosario Márquez, Mariano Américo Rodríguez Rijo, José Angel Aquino Rodríguez, Aura Celeste Fernández Rodríguez, César Francisco Féliz Féliz, John Guilliani Valenzuela, Leyda Margarita Piña Medrano y Eddy Olivares Ortega.